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Repensemos las Pensiones

Richard Webb

Si se trata de ponerle nota, podríamos decir que el sistema privado de pensiones – las AFP – se merece un 17 en cuanto a defender las pensiones de los trabajadores contra la virtual expropiación, que antes era la práctica rutinaria de sucesivos gobiernos. No sólo por la protección que otorga la ley, que pasó el cuidado de esos ahorros de las manos del gobierno a las de empresas privadas, sino también porque se ha despertado conciencia sobre el peligro del despojo, y además se ha creado un fuerte interés mercantil en el mantenimiento de ese sistema de protección. Las AFP se han vuelto enérgicos y vocales guachimanes, cuidando nuestros ahorros y de paso, sus utilidades.

Pero en cuanto a la inclusión social, la nota de las AFP tiene que ser desaprobatoria, digamos un 07. Desde que se crearon las AFPs en 1996, la proporción de la población trabajadora afiliada a un sistema de pensión ha aumentado de 26 por ciento a 48 por ciento. Sin embargo, gran parte de la cobertura es ficticia porque más de la mitad de los afiliados no cotizan. Además, muchos de los afiliados al seguro nacional público se jubilarán sin haber cumplido los requisitos para una pensión mínima. Sólo uno en tres trabajadores se encuentra cumpliendo con los aportes y otros requisitos para una pensión adecuada. La gran mayoría de peruanos sigue desprotegida contra la vejez y la incapacidad para el trabajo.

La barrera principal a una protección más inclusiva es el alto costo del producto que ofrecen las AFPs. En 2011, las comisiones cobradas por las AFP sumaron 975 millones de soles. Sólo un tercio – 37 por ciento - de ese monto fue usado para pagar los servicios otorgados a los afiliados. Un 20 por ciento se destinó a los gastos de ventas, que son gastos productivos para una AFP individual que busca ganar clientes, pero que no tiene valor alguno para el cliente. El resto de las comisiones, 440 millones, nada menos que 45 por ciento del total, pasó directamente a los dueños de las AFP en la forma de utilidades, o al gobierno en la forma de impuestos. De cada sol pagado en comisiones sólo 37 film izle
centavos se convierten en algún servicio para ellos.

El sistema actual ha sido innecesariamente encarecido por el diseño original del sistema. El modelo pretende crear un mercado competitivo entre varias AFPs, pero la verdadera competencia es anulada por el estricto control regulatorio impuesto por el Estado. En la práctica, el producto de cada AFP es casi idéntico y la competencia se canaliza mayormente al mercadeo de imagen.

La opción para lograr un sistema más inclusivo consiste en concesionar el servicio a una empresa administradora, monopolio que sería regulado y renovado periódicamente vía licitación. Con un solo administrador, se eliminarían los pagos de venta y la duplicación de costos administrativos, y se limitarían las ganancias del administrador a su honorario, sin necesidad de abultadas utilidades. Como punto de referencia, ¿cuánto le cuesta al BCR administrar las reservas internacionales, que hoy exceden el fondo de las AFP?

Publicado en El Comercio, 16 de julio de 2012


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